miércoles, 17 de junio de 2015

Ley de Protección a la Infancia

Todos esperamos ansiosos la nueva Ley de Protección a la Infancia que, presumiblemente, entrará en vigor el próximo mes de julio y nos preguntamos si efectivamente servirá para agilizar los procesos de adopción o todo quedará en vanas promesas electorales que, como tantas otras, no se harán realidad.

En los últimos años se han producido numerosos cambios sociales y económicos que hacían necesario modificar y actualizar la legislación española en materia de protección a la infancia y a la adolescencia. Y, aunque ha costado, parece que por fin va a ver la luz.

El Proyecto de Reforma consta de cinco artículos, once disposiciones finales, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Según el Gobierno, responde al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Esperemos que de verdad sea efectiva.


En primer lugar, la ley establece una especial atención a los más vulnerables (menores con discapacidad, menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, etc.) Reconoce el derecho de los menores a ser escuchados a partir de los 12 años y siempre que tengan madurez suficiente. La reforma incluye un catálogo de deberes en la esfera familiar, escolar y social que se darán a conocer a través del sistema educativo, expresando la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar (tan frecuentes por desgracia en los últimos tiempos.)

En segundo lugar, se define por primera vez en una norma estatal las situaciones de riesgo y desamparo, cuya declaración dará lugar a la tutela del menor por parte de las entidades públicas. Pasados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla. No así los padres biológicos. Pasados esos dos años, además, las entidades públicas podrán adoptar cualquier medida de protección que estimen conveniente, incluida la adopción. Lo cual me lleva a pensar si a partir de la entrada en vigor de la nueva ley la adopción nacional pasará a ser única y exclusivamente de niños a partir de 2 años de edad, nunca menores. ¿¿??

Se agilizan los procedimientos de acogida y adopción primando las soluciones familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas para dar una oportunidad a los casi 35.000 menores que hay actualmente bajo tutela o guarda en las administraciones. De ellos, más de 13.000 están en residencias a la espera de una familia.

Antes de que la entidad pública proponga al juez la adopción, podrá iniciarse un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de manera que los niños no tengan que pasar por un centro de acogida y el proceso de adaptación empiece antes.

Otra novedad es la llamada adopción abierta, común ya en muchos países. Consiste en la posibilidad de que el menor mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica. Esto es algo que, de hecho, se plantea en las entrevistas de idoneidad, si estamos dispuestos a que nuestros hijos mantengan contacto con algún hermano biológico, por ejemplo. La decisión, en cualquier caso, la tomará un juez después de oír a todas las partes implicadas.

Se refuerza también el derecho de los menores adoptados a conocer su pasado. Por eso se obliga a las Administraciones Públicas a mantener sus registros durante un mínimo de 50 años.

Como vemos, una serie de cambios con buenas intenciones que ahora sólo falta llevar a la práctica. Esperemos que realmente beneficien a los niños, las verdaderas víctimas.

2 comentarios:

  1. Mariajo además de lo interesante de tu entrada que bonita frase la del final, me la copio. Besos

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    1. Cierto, todos ansiamos el momento en que podamos juntar de nuevo las partes rotas de esos niños. Besos

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